verus praedium nuntium

  ¿Qué es el contrato de opción de compra? El contrato de opción de compra es un negocio jurídico atípico configurado por la jurisprudencia como un precontrato (promesa unilateral aceptada), en el que una parte (concedente) concede a la otra (beneficiaria) la facultad exclusiva de decidir sobre la celebración o no del contrato de compraventa de un inmueble, debiéndose este último realizar dentro de un plazo cierto, en unas determinadas condiciones, y de forma gratuita (cuando no existe pago de prima por parte del optante) u onerosa (cuando si existe pago de prima por parte del optante). Un elemento importante de este contrato es la concesión al optante del derecho de decidir unilateralmente la realización del contrato principal, cual es la futura compraventa del inmueble, razón por la cual, es necesario que las condiciones esenciales de la compraventa (consentimiento, objeto y precio) queden claramente determinadas en el contrato.  ¿Cuál es la regulación legal del contrato de ...

La Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre la Propiedad Horizontal La ordenación de la propiedad urbana es una necesidad social básica en la vida de las personas, la familia, el comercio, la industria, y en general, en el ejercicio de actividades profesionales. Por ello, resulta importante que dicha ordenación jurídica se adecúe a las exigencias de la realidad social a la que va destinada, para conseguir una óptima regulación de los derechos y deberes que derivan de la titularidad que recae sobre determinadas edificaciones. La Ley sobre Propiedad Horizontal, vigente desde 1960, viene regulando de forma especial la propiedad de inmuebles con espacios comunes que han sido adquiridos por diferentes propietarios, estableciendo a tales efectos, un régimen jurídico que diferencia entre elementos privativos y elementos comunes, con objeto de garantizar la convivencia y la adecuada utilización de los espacios comunes, en dicha Comunidad de Propietarios. Reforma de la Ley sobre Propiedad Horizontal ...

  REGULACIÓN LEGAL La actualización de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda viene regulada en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. A tales efectos, su artículo 18 dice textualmente "que durante la vigencia del contrato, la renta solo podrá ser actualizada por el arrendador o el arrendatario en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato, en los términos pactados por las partes. En defecto de pacto expreso, no se aplicará actualización de rentas a los contratos", y dice además que "en todo caso, el incremento producido como consecuencia de la actualización anual de la renta no podrá exceder del resultado de aplicar la variación porcentual experimentada por el Indice de Precios al Consumo a fecha de cada actualización, tomando como mes de referencia para la actualización el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha de actualización del contrato".   NOVEDADES LEGISLATIVAS La Ley 12/2...

Establece el código civil español que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. En términos jurídicos, hablamos de un derecho real, que concede al propietario un conjunto de plenas facultades sobre el bien, como son: la de libre disposición, la de libre aprovechamiento, la de accesión, la de exclusión, o la de reivindicacción.  No obstante, es preciso destacar que, dependiendo del contexto legal en el que nos encontremos, dichas facultades pueden verse limitadas debido a la existencia del derecho de un tercero que por haber sido inscrito en el Registro de la Propiedad, influye en el dominio y uso del inmueble. Estas "limitaciones" derivadas del derecho de un tercero (debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad) es lo que se conoce como las cargas registrales de la propiedad.  ¿ Qué son las cargas registrales de un inmueble? Las cargas registrales de un inmueble refieren a aquellos derechos o grav...

¿Cuál es la regulación legal del seguro de impago de alquiler? Conforme a lo preceptuado en el artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) se dice que  "a la celebración del contrato será obligatoria la exigencia y prestación de fianza en metálico en cantidad equivalente a una mensualidad de renta en el arrendamiento de viviendas y de dos en el arrendamiento para uso distinto del de vivienda" , asimismo, se establece que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del arrendatario "las partes podrán pactar cualquier tipo de garantia adicional a la fianza en metálico".  De lo dicho se desprende que la ley en ningún momento menciona expresamente el seguro de impago como una exigencia legal para formalizar el contrato de arrendamiento, y lo que cabe interpretar es que su utilización encuentra encaje dentro del abanico de garantías adicionales de las que el arrendador dispone para proteger sus propios intereses.  En este sentido, la suscripción de la p...

¿Qué es la vivienda protegida? La vivienda protegida es la vivienda construida con arreglo a los parámetros de diseño y calidad establecidos en la normativa específica, que se oferta a un precio inferior al de mercado y exige a sus adquirentes la acreditación de un determinado nivel de ingresos económicos. La calificación formal de "protegida" es expedida por el organismo público competente previa solicitud de una persona física o jurídica (pública o privada), de una cooperativa, o de una comunidad de bienes; para destinarlas a la venta, uso propio, arrendamiento o arrendamiento con opción de compra. ¿ Cuántos tipos de vivienda protegida existen? Vivienda con Protección Pública de precio básico (VPPB) generalmente con superficie máxima de 110 m2 construidos. Vivienda con Protección Pública de precio limitado (VPPL) generalmente con superficie máxima de 150 m2 construidos. ¿Qué es la descalificación de la vivienda protegida? La descalificación de una vivienda protegida refiere...

El sector de la construcción es uno de los principales motores económicos que incide directamente en el desarrollo del conjunto de la sociedad. Por ello, es importante identificar los agentes que intervienen en el proceso de la edificación, conocer cuáles son sus obligaciones y responsabilidades, así como las garantías de protección de las que disponen los usuarios. Cuando un edificio presenta desperfectos de construcción, cada uno de los intervinientes en el proceso constructivo responde de los daños y perjuicios ocasionados por los vicios y defectos que puedan derivar de su actuación, resultando fundamental delimitar el origen de la deficiencia y su grado de causalidad en la producción del resultado. Dicho lo anterior, conviene saber que en el contexto de las comunidades de propietarios, el legitimado para interponer la demanda de reparación de daños y perjuicios causados tanto en elementos comunes como en privativos del inmueble, recae en la figura del presidente mediante poder de r...